Las naciones integrantes del Cono Sur emitirán una declaración conjunta para rechazar la normativa europea anti-forestación y solicitar la prórroga de la misma al entender que no están dadas las condiciones para aplicar a partir del año que viene.

“El próximo sábado vamos a estar sacando una declaración del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) cuestionando el reglamento (antideforestación de la UE-27), señalando la incompatibilidad del mismo con las normas de la OMC (Organización Mundial del Comercio), mostrando la preocupación por las demoras y la incertidumbre en la aplicación, pidiendo una prórroga en su adopción y también –bien importante– cuestionando el método y el enfoque (de la norma europea), porque entendemos que problemas globales tienen soluciones globales y tenemos los ámbitos multilaterales para poder encontrarlas”.

Así lo indicó Agustín Tejeda Rodríguez, subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacionales, en referencia a la iniciativa, que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2025, por medio de cual la Unión Europea dispuso que no podrán ingresar a su territorio productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Los bienes comprendidos en la medida son aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de los mismos.

“Los países del Consejo Agropecuario del Sur estaremos sacando esa declaración por considerar que el reglamento de la UE tiene efectos distorsivos sobre el comercio y no respeta las legislaciones nacionales, además de tratarse de un reglamento arbitrario”, añadió durante un panel sobre la materia organizado en la Expo Rural de Palermo 2024.

El CAS es un foro ministerial de consulta y coordinacio´n de acciones regionales integrado por los ministerios de agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (lo que conoce como “Cono Sur”).

“No le vamos a dar el derecho a nadie que nos venga a enseñar la importancia de la sostenibilidad para que nuestro negocio tenga un futuro mejor”, remarcó Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay.

El ministro oriental indicó que una norma como la europea tendría que haberse diseñado en función de un diálogo constructivo y no a través de una imposición unilateral.

“La normativa europea es muy inequitativa porque el que más va a sufrirla es el pequeño productor, quien tendrán que afrontar el sobre costo generado por la comprobación del origen de su producción”, indicó Mattos.

“Tenemos muchas incógnitas que ni las propias autoridades de la UE son capaces de contestar”, resaltó el ministro uruguayo, quien apuntó que, ante la inminente entrada en vigencia del reglamento, los países integrantes del CAS solicitarán una prórroga del mismo para su posterior revisión.

Por su parte, Andrea Claudia Parrilla, agregada agrícola de la Embajada de Brasil en la Argentina, indicó que el reglamento europeo “va a generar un aumento de costos para toda la cadena a la hora de cumplir con todo el proceso de exportación, una reducción de la renta agrícola, una exclusión de los productores más pequeños y vulnerables, un aumento de costos para el importador, reducción de la oferta de alimentos que puede generar un aumento del precios de los mismos y que va a desestimular los esfuerzos para ampliar cadenas productivas en el mundo para generar sistemas de producción sostenibles”.

La funcionario dijo además que la norma castigará en una mayor proporción a naciones como Brasil que hicieron grandes esfuerzos por conservar la superficie de vegetación nativa y que atenta contra la soberanía al establecer criterios que colisionan con la legislación vigente en le país.